“Lo que yo no quiero es verlo”: la impotencia de las víctimas de los 56 pederastas a los que el Gobierno de Kast rebajó las condenas

La decisión del gobierno chileno de reducir las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores ha generado una profunda indignación entre las víctimas y sus familias, quienes expresan sentimientos de rabia e impotencia ante la posibilidad de que los agresores recuperen la libertad. El caso, que ha escalado rápidamente en el ámbito político, involucra a la administración del presidente Sebastián Kast, y ha derivado en la salida del número dos del Ministerio de Justicia, Luis Silva, mientras que el ministro Fernando Rabat permanece en su cargo en medio de una creciente presión. Las víctimas han manifestado su temor y rechazo a la medida, señalando que la reducción de penas implica que los responsables de abusos sexuales contra niños y niñas podrían quedar en libertad antes de lo previsto. La situación ha provocado un conflicto interno en el gobierno, con cuestionamientos sobre la legalidad y las implicaciones éticas de la decisión, que según las autoridades se habría adoptado en cumplimiento de normativas judiciales, pero que para los afectados representa una revictimización y una falta de protección hacia los menores. El caso ha puesto en el centro del debate la efectividad del sistema de justicia y la protección de la infancia en Chile, mientras las organizaciones de víctimas exigen explicaciones y garantías de que no se repetirán situaciones similares. La salida de Silva del ministerio sugiere que la crisis política podría profundizarse en las próximas horas, con posibles nuevas renuncias o ajustes en el gabinete. Para los afectados, la prioridad es que se revise la medida y se asegure que los condenados cumplan sus penas completas, en un contexto donde la confianza en las instituciones se ve erosionada por la gestión de un tema tan sensible como el abuso infantil.