¿Por qué Perú archiva la investigación de las esterilizaciones forzadas en el Gobierno de Fujimori?

La Fiscalía de Perú decidió archivar la investigación sobre las esterilizaciones forzadas ocurridas durante los gobiernos de Alberto Fujimori, un caso que involucra a miles de mujeres, en su mayoría indígenas y de zonas rurales, que fueron sometidas a procedimientos de anticoncepción quirúrgica sin su consentimiento pleno entre 1996 y 2000. La determinación judicial se sustenta en una norma que amnistía crímenes de lesa humanidad, lo que ha generado un intenso debate jurídico y social en el país andino. El caso se remonta al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado durante la década de los noventa, que tenía como objetivo reducir la pobreza y la mortalidad materna, pero que derivó en denuncias de esterilizaciones masivas realizadas bajo presión, engaño o coerción. Organizaciones de derechos humanos han documentado más de dos mil casos, aunque se estima que la cifra real podría superar las 300.000 mujeres afectadas. La decisión de archivar la investigación implica que los responsables no serán procesados penalmente por estos hechos. La norma que amnistía crímenes de lesa humanidad ha sido cuestionada por expertos en derecho internacional, quienes señalan que este tipo de delitos no pueden ser amnistiados según los tratados suscritos por Perú. La decisión de la Fiscalía también plantea un conflicto con las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos y podría tener implicaciones para la justicia transicional en el país. Para las víctimas y sus familias, el archivo del caso representa un retroceso en su búsqueda de verdad y reparación. Organizaciones feministas y de derechos humanos han anunciado que buscarán revertir la decisión ante instancias internacionales, mientras el debate sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos continúa abierto en la sociedad peruana.